Unas 300 familias son desalojadas este martes de un predio privado ubicado en la ciudad de Luque, Departamento Central. Una importante dotación de agentes policiales acompaña el procedimiento del Ministerio Público.
Se trata de una propiedad de ocho hectáreas, conocida como Asentamiento 500, que fue ocupada por 300 familias en mayo del 2018, según señaló el fiscal Néstor Cañete, quien está a cargo del operativo de desalojo.
El agente del Ministerio Público mencionó que las personas ingresaron al lugar bajo la promesa de tener un pedazo de tierra por parte de líderes que hoy están con paradero desconocido. “Se aprovechan de la necesidad”, afirmó en radio Monumental 1080 AM.
Unos 2.000 agentes policiales acompañan el procedimiento del Ministerio Público tras tener información de que los ocupantes iban a poner resistencia. Sin embargo, hasta el momento no se registraron incidentes.
“Nosotros entramos por necesidad, sabíamos que era un terreno privado y esperábamos luego el desalojo, pero queríamos conseguir el terreno con la lucha porque necesitamos un techo. Queríamos acordar con el dueño, pero nunca apareció”, expresó una ocupante.
Otra afectada mencionó que ya invirtieron unos G. 15 millones para construir una vivienda de material en el asentamiento. Sin embargo, ninguno quiso dar los nombres de las personas que motivaron a ingresar a la propiedad.
Los ocupantes aseguran que son 600 las familias que estaban en el inmueble y denunciaron que nunca recibieron una notificación de desalojo por parte del Ministerio Público. “Nosotros estamos saliendo pacíficamente para cumplir con la ley, pero con nosotros no cumplieron”, indicó un hombre.
Asimismo, el fiscal dijo que en total son tres los inmuebles colindantes que fueron ocupados el año pasado de forma simultánea. Esos sitios pasaron a denominarse Asentamiento 500, Villa Rodríguez y Nueva Esperanza.
Con respecto a Villa Rodríguez, el fiscal Cañete refirió que en ese lugar estaban unas 100 familias, pero antes de realizarse el desalojo ya abandonaron el predio. Mientras que el operativo en Nueva Esperanza está a cargo del agente Francisco Torres.
Este procedimiento se realiza luego de dejarse sin efecto el protocolo de desalojo de invasiones de inmuebles que data del 2013. Esto a fin de evitar el “retardo innecesario” del accionar de los organismos del Estado, según argumentó el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
En él se requería de previas diligencias como el relevamiento de informaciones del lugar, la participación a las direcciones de derechos humanos tanto del Ministerio del Interior como de la Policía y la comunicación correspondiente a la Defensoría del Pueblo.
Para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) la suspensión del protocolo de desalojo no hace más que profundizar la violencia y criminalizar a los ocupantes de tierras.