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El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Fernando Silva Facetti, dijo que es hora de que la Ley 5863, que está vigente desde noviembre de 2018, se implemente.
La normativa establece la colocación de dispositivos electrónicos a los condenados y procesados por delitos comunes, cuya expectativa de pena sea de hasta cinco años de cárcel, y que sean beneficiados con el arresto domiciliario. Los criminales no pueden acceder este beneficio.
“Esto, a fin de que aquellos que tengan delitos menores puedan cumplir su condena en sus hogares o en hogares controlados de reclusión a través de sistemas electrónicos”, apuntó.
Considera que se debe separar a los reclusos de acuerdo a los hechos por los que están en prisión y modificar la realidad vigente, ya que hay una superpoblación y el 75% de los reos está sin sentencia firme.
Para reducir la población penitenciaría también es importante la construcción una cárcel de máxima seguridad, aseguró.
Dijo que es importante, también, la profesionalización de los guardiacárceles. “Evidentemente lo que pasó en San Pedro y en Tacumbú es la permeabilidad o la lealtad de estos guardias bajo amenazas, o extorsiones y soborno”.
Agregó que muchos de estos trabajadores se ven obligados o caen en la corrupción al dejar pasar dentro de los penales alcohol, drogas y armas hasta que finalmente esta irregularidad acaba con masacres como las que se registraron en la noche del domingo último.
Extraditar
El parlamentario apuntó también a la extradición y expulsión de los criminales brasileños que están en cárceles paraguayas. “No tiene razón de ser que se queden. Evitar que vuelvan a entrar”, refirió.
Comentó que, en un principio, los brasileños presos en Paraguay estaban aislados del resto de los reclusos por decisión propia, pero en los últimos años comenzaron a reclutar a los compatriotas a cambio de darles mejores condiciones y protección dentro de las penitenciarías.
“Estos paraguayos duermen en el piso, no tienen alimentación, entonces estas bandas criminales protegen a los nuevos reclutas y exigen a cambio una muestra de lealtad hacia este nuevo patrón”, explicó.
Refirió que todo empeoró cuando comenzaron a ser retenidos aquí criminales del Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho.
“En la cárcel de San Pedro ha existido una pérdida total del control. Este accionar de los nuevos criminales y prácticas brutales que tienen debe tomar el Gobierno como una imposición para un cambio de paradigma dentro de las penitenciarías”, enfatizó.
Finalmente, aseveró que si el Gobierno no toma en serio lo ocurrido este fin de semana, serán peores y más grandes los problemas a futuro en materia de seguridad.
Sobre el punto, el ministro del Interior, Juan Enesto Villamayor dijo a radio Monumental 1080 AM, que de los 400 supuestos miembros del PCC recluidos en diferentes cárceles del país, sólo el 10% es brasileño y no todos tienen orden de captura en Brasil, lo que dificulta su expulsión.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Gilberto Tony Apuril, recordó que ya advirtieron que la situación en las penitenciarías era una bomba de tiempo. “Los 10 muertos y heridos en San Pedro, y el consecuente intento de amotinamiento en Tacumbú son el resultado de la corrupción y de una nula política pública en materia de sistema penitenciario”, manifestó.