“La opción es armar cárceles especiales y exclusivas para el PCC; es decir, para los grupos criminales”, dice el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.
La idea desde el ministerio en este asunto parece definida en algo: quieren armar un lugar donde recluir a todos los miembros de grupos criminales con una vigilancia especial.
De hecho, esta propuesta será presentada mañana lunes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una reunión que el Poder Ejecutivo tiene pactada con los miembros de la máxima instancia judicial para hablar sobre el PCC o los grupos criminales que operan en nuestro país. Así lo anunció el propio ministro Villamayor.
No se trata solamente de un trabajo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Esto amerita que el problema sea tratado realmente como un problema de Estado.
La preocupación de las autoridades nacionales tiene razón de ser. El PCC se ha convertido en una grave amenaza para la seguridad interna.
Los diez asesinatos –con seis decapitados y otros tantos quemados– que se dieron el pasado 16 de junio en la Penitenciaría de San Pedro fueron apenas una muestra de la capacidad de generar terror que tiene este grupo criminal.
Bruno Paes Manso, periodista brasileño e investigador del Centro de Estudios de la Violencia por la Universidad de San Pablo, Brasil, dice que los asesinatos que se tuvieron en San Pedro son un mensaje del PCC.
El periodista lo califica como una “estrategia política” del grupo para defenderse dentro de las cárceles.
Paes Manso es autor –junto con Camila Nunez Dias– del libro “La guerra. El ascenso del PCC en el mundo criminal de Brasil (2018)”, en el que habla justamente del ascenso del PCC en el mundo criminal brasileño. La construcción que tuvo el grupo como una organización fuerte y letal desde la cárcel para afuera, teniendo al narcotráfico internacional como su gran negocio.
Lo que ocurre en nuestro país parece ser una copia de lo que cuenta Paes Manso, pero con una notable diferencia. Brasil, por territorio y extensión, es diez veces más grande que Paraguay en todo. Según datos oficiales, Brasil es considerado el país con la tercera población carcelaria más grande del mundo, con unos 726 mil presos.
A pesar de las grandes distancias entre ciudades y estados, el PCC tiene una ascendencia importante en las cárceles. De hecho, los grupos criminales gobiernan casi el 76% de las penitenciarías, según la ONG Conectas, una organización que trabaja por los derechos humanos en el vecino país.
Cuando el PCC empezó, allá por 1993, en San Pablo había unas 30 penitenciarías. Actualmente hay más de 70. El crecimiento del grupo coincidió con el aumento de penitenciarías. Esto le fortaleció muy grande al PCC en todas las cárceles de San Pablo”, dice Paes Manso.
Otra coincidencia paraguaya con el sistema brasileño es la cantidad de presos sin condena. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA), de la ONU, estimó en el 2013 que casi el 40% de todos los presos en Brasil estaba con prisión preventiva.
En Paraguay esa cifra llega a un número alarmante. De 16.397 prisioneros que se tienen actualmente en
las 18 cárceles del país, el 77% (12.636) está sin condena. Apenas 3.750 reclusos están condenados.
Al igual que en Brasil, nuestro país tiene un altísimo nivel de hacinamiento en las prisiones.
Un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) habla de que el 98% de todas las cárceles del país está con una superpoblación crítica. Para tener esta definición, el MNP recurre a lo que establece el Comité Europeo para los problemas criminales, que da dicha calificación cuando la densidad penitenciaria supera el 120% o más de la capacidad de la cárcel.
“En los últimos 20 años, Brasil pasó a ser el tercer país con la mayor cantidad de prisioneros a nivel mundial gracias a una enorme política de encarcelamiento masivo.
Se pensó que esto ayudaría a acabar con los grupos criminales y la inseguridad, pero fue todo lo contrario. Estas políticas empezaron a fortalecer al PCC porque este grupo nació en la cárcel y ahí recluta a soldados. Es decir, la idea fue un verdadero fracaso”, expone Paes Manso.
Al problema del hacinamiento se le suma la presencia de grupos delictivos dentro de las cárceles que entienden que pueden llevar el negocio por cuenta propia, sin necesidad de formar parte del PCC. Es lo que ocurre con el Clan Rotela, que derivó en la masacre de San Pedro.
Liderado por Armando Javier Rotela Ayala, conocido como el “Zar del microtráfico”, el clan ganó terreno al incluir un ingenioso modelo como distribución del crack.
El “delivery” o reparto. Instaló este sistema y se hizo fuerte, ya que con el paso de los años fue ganando distribuidores pequeños por Asunción, Gran Asunción y hasta el interior del país.
Rotela Ayala tiene antecedentes por tráfico desde el 2009. El problema con el clan y el PCC es que ambos quieren mantener la distribución que se tiene dentro de las penitenciarías. El negocio es demasiado grande y mueve mucho dinero, dicen los investigadores.
NACIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
Casi como premonición de su propio camino, la muerte, sangre y violencia fueron los factores que marcaron el inicio del PCC en Brasil. El 2 de octubre de 1992, en la Penitenciaría de Carandiru, San Pablo, una rebelión de los reclusos derivó en una intervención de la Policía Militar brasileña que dejó un saldo de terror: 111 prisioneros muertos. Ni un solo policía herido.
Tras este macabro hecho nace el PCC, casi como una reacción ante semejante atropello. “El grupo nació con un discurso de la defensa de los reclusos. Entonces se colocó como un grupo de autodefensa de los criminales”, explica el periodista brasileño.
Según Paes Manso, a los siete años de haberse formado, el PCC ya tenía una fuerza considerable. Para el 2001, el grupo se enfrentó a otras agrupaciones criminales que en ese entonces también querían tomar el control, pero el PCC resistió. Para finales del 2003, el 90% de las prisiones de San Pablo ya era dominio del PCC.
“Lo que estamos haciendo es formar más soldados para el PCC con nuestras cárceles superpobladas”, dice por su parte la doctora Cecilia Pérez, ex viceministra de Política Criminal del Gobierno Nacional hasta agosto del 2018. Pérez explica a La Nación que si bien la solución para nuestro sistema tampoco es la construcción de más cárceles, ante la situatción actual es necesario construir más penitenciarías.
“El hacinamiento definitivamente es un caldo de cultivo para el PCC y también para el EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) porque estos son grupos de crimen organizado que aprovechan la situación de hacinamiento, de las malas condiciones, entonces logran reclutar a más soldados. Ellos hablan de “rebautizar” a sus miembros”, expone la profesional.
Pérez dice que ya bajo su mandato se dejó preparado un proyecto para la construcción de cuatro cárceles en la zona de Emboscada –en donde ya existe una cárcel– con capacidad para albergar a otros 5.000 reclusos.
A criterio de Pérez, el drama tampoco se resolvería con la expulsión de estos reclusos miembros del PCC. Esto, debido a que la mayoría de los que están detenidos en Paraguay no tienen procesos en Brasil, por lo que volverían a ingresar al territorio paraguayo sin mayores inconvenientes, teniendo en cuenta las circunstancias fronterizas entre Paraguay y Brasil.
Solamente entre Salto del Guairá (Canindeyú) y los estados brasileños de Paraná y Mato Grosso do Sul hay unos 200 kilómetros de frontera seca.
Pérez ha trabajado en un proyecto para reformar el sistema penitenciario paraguayo y apunta a una cuestión que considera fundamental para evitar los hacinamientos. Evitar que la prisión sea masiva, una situación que agrava la cuestión poblacional.
Hay que trabajar por corregir la Ley 4.431 del 2011. Con esta ley, la regla es la prisión directa. Es decir, no se puede litigar nada en libertad. Esta ley prohíbe al
juez analizar los presupuestos de una prisión preventiva porque un juez que no aplica esa ley, hace algo inconstitucional y entonces termina ante el Jurado de Enjuiciamiento”, dice Pérez.
PRIVADOS DE LIBERTAD Y DE SUS DERECHOS
Para el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la situación actual del sistema penitenciario paraguayo genera que toda la gente rechace lo que uno encuentra allí.
Hay una falta de acceso a derechos básicos. Alimentación, un espacio digno para dormir, acceso a la educación y el trabajo. Es como algo bastante predecible que esto se convierta en un lugar para el fortalecimiento de estos grupos.
Además la construcción de más cárceles no aborda el real problema de fondo, que es definir como sociedad, como Estado, por qué se sigue metiendo mucha gente a las cárceles. Esto requiere que todas las instituciones del Estado se involucren en procesos con medidas de prevención y de acceso a los derechos humanos. Es necesario cambiar este estado de cosas en el asunto penitenciario.
Después del 2000, el ingreso de la tecnología con los teléfonos celulares al alcance de más personas hizo que el PCC encuentre una vía de comunicación mucho más eficiente y ágil. “El teléfono celular empezó a tornarse popular dentro de las cárceles, entonces el PCC empezó a tener contacto entre ellos en las cárceles y a empezar a mover contactos de afuera. Con eso arrancó su gran red de narcotraficantes, explica el periodista Paes Manso.
Esto abrió igualmente la posibilidad de que el negocio se expandiera. El PCC vio entonces que el control de drogas que tenía en las cárceles podía extenderse con mayor facilidad en las afueras, donde ya estaban operando. “Empezó un nuevo modelo de negocios con la venta de droga. Ahí entra también a la vista Paraguay”, expone el especialista.
A partir del 2007 los contactos se hicieron más frecuentes y Paraguay directamente pasó a ser una gran ruta y, también, un punto de producción importante de marihuana. “Paraguay también es un lugar donde hacen contacto con compradores de cocaína de Bolivia. Después de la muerte de Rafaat, esto empezó a correr más fuerte”, expone Paes Manso.
Jorge Rafaat Toumani fue un conocido “empresario de frontera” afincado en Pedro Juan Caballero, Amambay, quien fue asesinado durante una tremenda emboscada el 15 de junio del 2016 en la misma ciudad. En aquella oportunidad, los asesinos usaron incluso un fusil antiaéreo. Se habló de que los responsables del ataque fueron los del PCC. Este episodio arrojó una serie de asesinatos posteriores en la zona.
Según Paes Manso, Rafaat fue un hombre que bloqueaba los negocios del PCC del lado del Amambay. Su eliminación resultó un alivio para la organización, que rápidamente se hizo de esa ruta, dice el especialista.
EL COMANDO VERMELHO
Antes de que el PCC pensara en Paraguay, otro grupo tenía el territorio a su disposición. Se trata del Comando Vermelho (CV), encabezado por Fernandinho Beira-Mar, un narcotraficante que hoy ya adquiere fama de leyenda.
Recluido hace 18 años en una cárcel de Brasil, escribió dos libros y está próximo a lanzar su propia marca de tazas, remeras, etc.
Quienes investigan a estos grupos criminales los diferencian en el modo de trabajar y actuar. El CV, que ya opera en Paraguay desde mediados de los 90, es un grupo que trabaja en el tráfico de drogas, etc. Por antigüedad, se le considera uno de los grupos criminales más fuertes de la región. La disputa entre el Comando Vermelho y el PCC se volvió inevitable cuando el grupo nacido en las cárceles llegó a Paraguay.
El 6 de noviembre del 2018, el narco brasileño Marcelo Pinheiro, alias Piloto, jefe del CV, ofreció una conferencia de prensa como si fuera un deportista de primer mundo.
Frente a cámaras y decenas de micrófonos, delató que el comisario principal de la Policía Nacional, Abel Cañete, le cobraba un “canon” mensualmente para facilitarle información. Es decir, trabajaba de “soplón”.
“Piloto”, con una decena de pedidos de la justicia brasileña a cuestas, estaba desesperado por evitar una extradición que parecía inevitable, hasta que lo impensado ocurrió. El 17 de ese mismo mes, el narco brasileño asesinó a una joven de 18 años en su celda de Tacumbú. Lo hizo con la intención de que se abra una investigación en su contra y evitar ser extraditado.
El escándalo obligó al Gobierno a tomar medidas, torcer resortes jurídicos y apurar lo antes posible la extradición de “Piloto”, que se concretó dos días después del asesinato, el 19 de noviembre. El narco fue capturado en el departamento de Itapúa en diciembre del 2017.
La tecnología fue entonces la que permitió al PCC enviar a sus “embajadores” a diferentes partes de Sudamérica a mediados del 2000. Así, Paraguay, Bolivia y Colombia fueron los países con los que el PCC empezó a operar, primero con la ruta de la droga, después con la de armas. Todo el operativo se conducía desde las cárceles de San Pablo.
En Paraguay no solamente la tecnología ayudó a que estos grupos encuentren terreno fértil, sino que las propias fuerzas del Estado influyeron. Como ejemplo vale citar el caso del comisario Abel Cañete, que hoy sigue investigado por las declaraciones de “Piloto”.
El relato de Paes Manso coincide con los hechos que se sucedieron en aquellos tiempos en nuestro país. El 28 de diciembre del 2009, la Secrtaría Nacional Antidrogas (Senad) capturó a Jarvis Chimenes “Pavão”. Considerado entonces uno de los “embajadores” del PCC y, por ende, jefe de la organización en nuestro país.
Con Jarvis cayó preso Carlos Antonio Caballero, alias Capilo, también jefe de la organización del PCC en Paraguay. Ambos narcotraficantes fueron sorprendidos mientras dormían en una estancia de Yby Yaú, departamento de Concepción.
La Senad no tuvo que disparar una sola bala para atrapar a los delincuentes más buscados hasta ese entonces.
Nueve meses después, en julio del 2010, en una tranquila zona conocida como Cerro 21 de Pedro Juan Caballero, Amambay, las fuerzas de la Senad volvieron a sorprender a otro jefe narco del PCC. Esta vez fue Ireneu Domingo Soligo, alias Pingo.
Este hombre estaba con orden de captura internacional y aparecía entre los más buscados por la policía brasileña por ser el jefe del PCC para la ruta del narcotráfico en la conexión Bolivia-Paraguay-Brasil.
Los más grandes embajadores del PCC en los últimos años cayeron presos en Paraguay. Además de “Pingo” y “Pavão”, posteriormente se sumaron Eduardo Aparecido de Almeida, alias Piska (2018), y Thiago Ximenes, alias Matrix (2019).
Todos estos hombres son considerados por los investigadores brasileños como jefes directos del PCC a la hora de negociar las rutas en las fronteras.
“El PCC es una mafia carcelaria. El 80% de sus miembros está dentro de las cárceles, dentro de las cárceles de todo Brasil, entonces es una gran red de criminales que tiene sus contactos afuera”, dice Paes
Manso. Estos contactos “de afuera” por lo general operan en Paraguay, Bolivia o Colombia.
La masacre de la cárcel de San Pedro es una muestra del poder violento del PCC. En una reciente entrevista para La Nación, el director del Penal de Tacumbú, Jorge Fernández, reconocía el poder de este grupo armado y las pocas herramientas que se tienen desde las instancias estatales para hacerles frente en situaciones de amotinamiento por la forma en que operan.
Desde el Ministerio de Justicia calculan que son 400 los miembros activos del PCC distribuidos en las 18 cárcles de Paraguay. No parece un número alto, pero el problema son los nuevos “bautizados” que van saliendo todos los días, a cada momento.
“Vamos a tener que adoptar una política de cuarentena para estos grupos criminales. Buscar aislarlos y tenerlos controlarlos”, dice el ministro Villamayor, mirando en un proyecto a más largo plazo.
El problema con las mafias es que no esperan cuando quieren dar un mensaje.(Fuente: La Nacion)
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