Hubo “dolo” de ministros en sus declaraciones juradas, afirma Contraloría

Armindo Torres, director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría, manifestó que Eduardo Petta, Carla Bacigalupo, Nilda Romero, Mario Varela, Denis Lichi y Dany Durand cometieron “dolo” al falsear su declaración jurada de bienes.
En charla con la emisora capitalina 730 AM, el director Armindo Torres explicó que al hacer una revisión de las declaraciones de los ministros, encontraron varias inconsistencias, por lo que decidieron enviar a la Fiscalía para que investigue el motivo de las irregularidades cometidas por las autoridades.

“Nosotros creemos que hubo dolo. Nuestro trabajo está totalmente fundamentado. Remitimos al Ministerio Público para que hagan las investigaciones pertinentes, nosotros no somos dueños de la acción penal pública. Si ellos (denunciados) dicen tener las documentaciones, irán acercando a la Fiscalía”, mencionó.

Torres indicó que la ley es clara, en caso de error al elaborar la declaración, se debe correr traslado al funcionario público la consulta, pero en los casos analizados no consideraron que se haya tratado de una equivocación sino que fue adrede.

Ejemplificó que en el caso de Carla Bacigalupo, en varias ocasiones presentó su declaración jurada y nunca consignó los bienes que posee con su marido, quien también es funcionario público. Tampoco figuran una deuda por un vehículo y tres inmuebles (dos en Recoleta y uno en Santísima Trinidad).

En el caso de Dany Durand, manifestó tener un yate, pero la Armada no posee informes al respecto. “La declaración falsa es declarar más de lo que uno tiene o declarar menos”, afirmó Torres.

En total se revisaron las declaraciones de 15 ministros, de los cuales saltaron los nombres de cinco autoridades y un exministro. Mientras que alrededor de 1.200 funcionarios serán investigados en la brevedad.

SE DEBE DENUNCIAR ANTE LA FISCALÍA

El abogado Emilio Camacho explicó a la radio Universo que la declaración jurada de bienes juega un papel importante en la protección de los bienes públicos y la transparencia, para constatar si hubo acumulación de bienes de los funcionarios y que estos expliquen el origen de su fortuna.

Detalló que el circuito que debe seguirse al constarse alguna irregularidad es la denuncia correspondiente de la Contraloría General de la República ante el Ministerio Público.

“Alterar una declaración es un delito y puede abrirse a otros delitos como el lavado de dinero, narcotráfico, falsificación de documentos”, resaltó. “Se debe analizar también la magnitud de la omisión y el cargo del que declara”, acotó luego.

amambay570